La Guardia Civil ha adquirido un sistema que permite acceder de forma remota a dispositivos móviles Android y iPhone de personas bajo investigación, sin necesidad de incautarlos. El contrato, publicado en el BOE, detalla que la herramienta funciona tanto en Android como en iOS, facilitando la instalación de software en los dispositivos objetivo y el acceso transparente a sus contenidos y comunicaciones.
Este sistema se diferencia de los métodos tradicionales, que requieren la confiscación del teléfono antes de su análisis. La compra, valorada en 2.066.115,70 euros antes de IVA (unos 2,5 millones de euros incluyendo impuestos), se realizó sin licitación pública y solo recibió una oferta, lo que sugiere una negociación directa con el fabricante.
Aunque el contrato no revela el nombre del fabricante ni detalles técnicos específicos sobre cómo se instala el software en los dispositivos, se menciona que el fabricante había concedido los derechos exclusivos de suministro y distribución a Fortier Europe, una empresa con sede en Boadilla del Monte, Madrid.
La herramienta no implica que los agentes puedan acceder a los dispositivos de cualquier persona. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) de España, los registros remotos solo son permitidos con autorización judicial y están limitados a delitos específicos, como el terrorismo, delitos contra menores o delitos cometidos mediante tecnologías informáticas.
El contrato fue adjudicado el 26 de marzo de 2026, y Fortier Europe ha sido un proveedor habitual del Ministerio del Interior. Entre sus contratos se incluyen sistemas para localizar dispositivos móviles y extraer información, así como dispositivos de captura de audio y GPS, lo que refleja su especialización en soluciones tecnológicas para la seguridad pública.
Los límites de esta herramienta son claros: la orden judicial debe especificar qué dispositivos se afectan, cómo se accederá a los datos y cómo se protegerá su integridad. La medida puede durar hasta tres meses, prorrogable en periodos iguales, pero solo bajo supervisión judicial.